La Generalitat Valenciana comandada por Francisco Camps, y el Conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, son responsables de la casi nula aplicación de la Ley de la Dependencia. Ese retardo en aplicarla ha supuesto que murieran sin poder recibirla 6.400 personas. Las lágrimas que han tenido que verter sus familiares deben de convertirse en un sunami que arrastre a los culpables de esta desidia. Cuantos ciudadanos más, cuantas familias más, tienen que sufrir hasta que se les dé lo que por ley les pertenece. 10.000…15.000…..Cual es la cifra en la que algunos dirigentes dejan de pensar con las tripas de la política y lo hacen con el corazón. Ya está bien de utilizar a las personas dependientes como arma, en una lucha irracional contra el gobierno central.
El PSPV siempre estará al lado de las personas dependientes y con sus familias, a los que se les niega un derecho, a los que se les escatima unas ayudas que les pertenecen ,vigilando que se aplique la ley, y denunciando a los incompetentes. En Quart de Poblet, la alcaldesa Carmen Martínez ha firmado un convenio con el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), por el cual, se pone en marcha un servicio de asesoría jurídica gratuita, destinado a las personas que han solicitado las prestaciones de la Ley de la Dependencia y que aún no han recibido respuesta debido al boicot del PP. En Quart de Poblet tras dos años, la Generalitat Valenciana sólo ha otorgado ayudas a 1 de cada 15 personas que la necesitan, de 590 afectados simplemente han resuelto 40. Y las familias de 76 personas de Quart de Poblet han tenido que llorar sus muertes sin haber recibido respuesta.
Estas iniciativas son necesarias, a pesar del resultado tan negativo en su aplicación debemos mantener la esperanza, y por tanto hacer un seguimiento en su cumplimiento. Resulta triste tener que haber llegado a esta situación, pero es necesario, porque el PP no está aplicando la norma y somos conscientes del malestar de los afectados. La ciudadanía debe estar informada y saber que la Comunidad Valenciana está a la cola en la aplicación de la Ley junto a la comunidad de Madrid, y se debe a la escasez de dotación de recursos de la Generalitat, por la falta de transparencia y sensibilidad del Consell.
Tenemos que recordar que el Conseller de Bienestar Social Juan Cotino, prefiere destinar casi el 70% del Fondo destinado a las prestaciones a las residencias, cuando en el resto de autonomías no llega ni al 30%, y casi nada a contratar personas externas para el cuidado de enfermos, que ademas conllevaría la creación de un gran número de empleos. Quizás tenga algo que ver el hecho de que los familiares de este Conseller, tienen una participación importante en residencias valencianas que trabajan para la Consellería y reciben fondos de la Ley de la Dependencia.
