“La repercusión social y política que está generando la exhumación de los restos del Francisco Franco merece una exposición serena sobre su conveniencia y significado. La retirada de la exhibición pública del enterramiento del máximo representante de la Dictadura es un paso más en el camino que iniciaron los primeros ayuntamientos democráticos elegidos en 1979, que valerosamente, en circunstancias más difíciles que las actuales eliminaron la parte principal y más visible de la amplia memoria histórica creada por el franquismo para su beneficio político e ideológico. Una memoria franquista por naturaleza contraria e incompatible con la de un sistema democrático.
La memoria histórica, entendiendo por ella el uso político del conocimiento público de la Historia, es consustancial al ejercicio del poder establecido por todos los regímenes y sistemas políticos, que en todos los tiempos y épocas se han servido de ella para justificar y perpetuar su propia existencia, precisamente por su innegable capacidad de generar un determinado pensamiento político en la sociedad en la que se manifiesta. Es obvio por tanto que la democracia, como conjunto de valores y derechos requiere de una memoria histórica que le sirva y corresponda, y en la que la exaltación pública de su antítesis franquista no tiene cabida ética ni utilidad política.
La construcción, definición y defensa de una memoria histórica democrática debe considerarse una cuestión de estado; una tarea común de quienes nos definimos demócratas y actuamos en consecuencia. No es por tanto una cuestión partidista sujeta a vaivén electoral, ni debe considerarse patrimonio de parte. Nadie debería renunciar a ser sujeto y predicado en la función social del conocimiento público de la historia, ni despreciar los beneficios políticos colectivos que para el sistema democrático supone.
No es comprensible ni aceptable las resistencias de la derecha en lo que es incuestionable. Es irresponsable que no ejerzan pedagogía con esa parte de sus votantes que más por cuestiones emocionales que por convicción racional justifican o incluso defienden el régimen franquista.
Es seguramente reprochable también la incapacidad de la izquierda para obtener un consenso imprescindible. No se trata de cambiar la Historia; se trata de construir la Memoria Histórica de la democracia, que por principios es radicalmente contraria al uso de la violencia política, sea institucional, popular o revolucionaria; que por obligación es un ejercicio de reconocimiento al derecho al honor y resarcimiento de todas las víctimas sin distinción. Es la memoria histórica franquista y no la de las víctimas de la represión “republicana” la que se niega y sustituye. Son siempre las personas las que merecen el derecho y nunca un régimen contrario a la democracia.
Ese empeño en favor de una memoria democrática común, que en la política estatal parece un imposible, se materializa no obstante en ámbitos locales demostrando que es factible y puede lograrse. Quart de Poblet es un ejemplo claro de ese modelo de gestión. Todas las fuerzas políticas con representación en el Pleno han asumido con absoluta normalidad la retirada de placas y vestigios franquistas. Tanto como que en los cambios de nombre de calles se respetara el de las víctimas locales de la llamada represión popular republicana. En el marco de una Comisión Municipal de Memoria Histórica, con presencia y acuerdo de todos los grupos políticos, incluyendo Partido Popular y Ciudadanos, con asesoramiento técnico y participación ciudadana, debatiendo, explicando e informando, con rigor documental y dedicando medios y voluntades, se ha condenado sin lugar a dudas el golpe militar del 18 de julio, o reconocido el derecho a la memoria negado tanto tiempo a las víctimas del franquismo. De ese esfuerzo compartido en favor del pensamiento político que requiere la democracia se obtiene un impagable beneficio común al que no queremos ni debemos renunciar”.
Pedro Gascón Sanmartín
Vicesecretaría de Formación y Memoria Democrática
